ILIA, Bolivia 2026: Tenemos talento tecnológico, pero ¿Estamos construyendo las condiciones para aprovecharlo?
Escrito por Nicole Angel Sánchez Rojas
Ya se publicó el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026 y sus resultados merecen una discusión que vaya mucho más allá de nuestra posición en el ranking. Bolivia obtuvo 26,4 puntos, ubicándose entre los países clasificados como exploradores, una categoría que refleja etapas tempranas de madurez en infraestructura digital, investigación, adopción tecnológica y gobernanza de la inteligencia artificial. Sin embargo, hay un dato que me parece especialmente preocupante: Bolivia registra apenas 17,4 puntos en gobernanza, el puntaje más bajo entre los países evaluados. Y esto debería preocuparnos tanto como nuestras limitaciones tecnológicas.
La gobernanza no consiste únicamente en aprobar leyes, implica desarrollar capacidades institucionales, establecer prioridades nacionales, promover la participación de distintos sectores, definir responsabilidades y generar condiciones para que la tecnología pueda desarrollarse y utilizarse respetando los derechos de las personas.
1. No podemos hablar de inteligencia artificial sin hablar primero de infraestructura y conectividad.
Seguimos enfrentando brechas de conectividad, acceso y calidad de los servicios digitales. Y no se trata solamente de ampliar la cobertura de Internet: necesitamos conexiones estables, asequibles, con baja latencia y capacidades suficientes para sostener servicios tecnológicos cada vez más exigentes. Sin estas condiciones, hablar de adopción generalizada de inteligencia artificial puede terminar profundizando desigualdades territoriales, económicas y sociales.
Por eso, las políticas públicas deben partir de diagnósticos nacionales y abordar las brechas estructurales mediante estrategias de desarrollo digital, inversión en infraestructura y marcos regulatorios que favorezcan la conectividad y la innovación.
2. Tenemos capacidades que merecen ser reconocidas y fortalecidas.
No todo en el ILIA 2026 son resultados negativos, uno de los datos más interesantes es la participación de trabajadores en sectores de alta tecnología. Mientras el promedio regional alcanzó el 4,9%, Bolivia registró un 5,3%, situándose entre los seis países con mayor proporción de personas ocupadas en estos sectores.
Este indicador no significa que contemos necesariamente con una industria de inteligencia artificial consolidada, pero sí evidencia capacidades productivas y capital humano que pueden convertirse en una ventaja para el desarrollo tecnológico nacional. También resulta positivo que Bolivia registre participación en la definición de estándares ISO relacionados con inteligencia artificial y seguridad, con 50 puntos en ambos indicadores.
Estos espacios de normalización son relevantes para el sector privado, los profesionales y las organizaciones que buscan desarrollar capacidades de gestión, seguridad, calidad y gobernanza tecnológica.
Necesitamos apoyar mucho más estas iniciativas, la transformación digital no depende exclusivamente del Estado. Las empresas, la academia, sociedad civil, las comunidades técnicas y los organismos de normalización también desempeñan un papel fundamental.
3. La participación multiactor no puede seguir siendo una asignatura pendiente.
Aquí encontramos otra de las señales más preocupantes del informe, Bolivia registra 0 puntos en participación ciudadana en la elaboración de políticas de IA, 0 en metodología multiactor para su elaboración y 0 en metodología multiactor para su implementación.
Estos resultados deberían abrir una discusión seria sobre cómo estamos construyendo nuestras políticas tecnológicas, no es suficiente convocar a determinados sectores para validar decisiones previamente adoptadas. La gobernanza multiactor requiere mecanismos de participación desde las primeras etapas de diagnóstico y formulación, espacios de deliberación, transparencia y procesos de socialización que permitan incorporar perspectivas distintas.
El Estado tiene responsabilidades que no puede delegar, pero eso no significa que deba construir las políticas públicas de manera aislada, la sociedad civil, el sector privado, la academia, la comunidad técnica, especialmente, las y los ciudadanos que pueden verse afectados por estas tecnologías deben tener oportunidades reales de participación.
4. Antes de una ley de inteligencia artificial, necesitamos una estrategia nacional.
He sostenido esta posición anteriormente y los resultados del ILIA 2026 refuerzan la necesidad de discutirla nuevamente, no considero que Bolivia esté preparada para adoptar una ley integral de inteligencia artificial como primera respuesta regulatoria. Y creo que buena parte de América Latina tampoco debería asumir que replicar modelos legislativos externos constituyen, por sí mismo, una política adecuada.
Esto no significa renunciar a la regulación ni desconocer los riesgos que la inteligencia artificial representa para los derechos fundamentales, significa reconocer que regular sin capacidades institucionales, sin infraestructura suficiente, sin diagnósticos y sin mecanismos efectivos de supervisión puede producir normas difíciles de implementar, generando mayor burocracia, ineficientes para la protección de derechos digitales o normas que terminan siendo simplemente enunciativas.
Necesitamos estrategias nacionales de inteligencia artificial que establezcan prioridades, responsabilidades, mecanismos de coordinación, inversión, conectividad, formación de talento, evaluación de riesgos y garantías para los derechos digitales, estas estrategias deben construirse mediante procesos multistakeholder, con participación efectiva y considerando nuestras realidades nacionales.
5. Hay una deuda regulatoria que debería ser prioritaria: la protección de datos personales.
Mientras discutimos la posibilidad de contar con una ley de inteligencia artificial, Bolivia continúa sin una ley general e integral de protección de datos personales. El ILIA 2026 señala que el 70% de los países evaluados cuenta con normativa que incorpora los derechos ARCOP y protege el tratamiento de datos en los sectores público y privado. Bolivia, por su parte, figura entre los países sin regulación o como proyectos en tramitación.
Y esto no debería pasar desapercibido, la protección de datos personales constituye una de las bases jurídicas fundamentales para el desarrollo y la utilización responsable de sistemas de inteligencia artificial.
¿Cómo pretendemos avanzar hacia modelos sofisticados de gobernanza algorítmica si todavía tenemos pendiente consolidar garantías generales sobre el tratamiento de datos personales?
Necesitamos fortalecer los marcos jurídicos existentes, establecer obligaciones claras para los responsables del tratamiento y garantizar mecanismos efectivos de tutela de derechos. No se trata de elegir entre protección de datos e inteligencia artificial, sino de reconocer que existen prioridades regulatorias y condiciones institucionales que deben atenderse, que al mismo tiempo terminan siendo parte de los factores habilitantes que el país necesita.
6. La soberanía tecnológica también se construye regionalmente.
Una de las reflexiones más relevantes del ILIA 2026 es que el desarrollo de la inteligencia artificial no puede entenderse únicamente desde las capacidades individuales de cada país. La soberanía tecnológica no necesariamente implica autosuficiencia, también significa contar con capacidad real para tomar decisiones, preservar alternativas y negociar en un entorno de interdependencia tecnológica.
Para América Latina y el Caribe, esto debería traducirse en una cooperación regional mucho más sólida, compartir infraestructura, conocimiento, talento, experiencias regulatorias y capacidades tecnológicas puede permitirnos enfrentar desafíos que difícilmente resolveremos de manera aislada, además, la naturaleza transnacional de estas tecnologías exige pensar en mecanismos de cooperación que contribuyan a proteger los derechos digitales más allá de las fronteras.
Pero esa cooperación debe respetar las particularidades nacionales, no podemos permitir que los procesos de regulación e innovación reproduzcan modelos ajenos a nuestras condiciones sociales, económicas e institucionales o que terminen generando nuevas brechas o simplemente mayor burocracia dentro de nuestros propios países.
7. El verdadero desafío es transformar nuestras capacidades en resultados.
El ILIA 2026 plantea una reflexión que considero fundamental: el reto regional ya no consiste solamente en ampliar el acceso tecnológico o acumular capacidades aisladas. El desafío está en convertir infraestructura, datos, talento, investigación y capacidades institucionales en innovación, adopción productiva y creación de valor y para lograrlo necesitamos políticas sostenibles, financiamiento, coordinación institucional y una visión de largo plazo.
Bolivia tiene talento, participación en espacios de estandarización y oportunidades para desarrollar su ecosistema tecnológico, pero estos avances necesitan una estructura de gobernanza que los acompañe, para contar con los factores habilitantes necesarios, así como la apertura de mercados internacionales para nuestros empresarios y oportunidades laborales para nuestros profesionales.
No necesitamos apresurarnos a demostrar que estamos regulando la inteligencia artificial mediante la aprobación de una ley, necesitamos demostrar que estamos construyendo las condiciones para desarrollarla, utilizarla y supervisarla responsablemente.
Porque una estrategia nacional no debería ser simplemente otro documento de política pública, sino una hoja de ruta con compromisos verificables, participación efectiva y resultados medibles, la pregunta no es solamente cuándo tendremos una ley de inteligencia artificial. Es si estamos construyendo las instituciones, las capacidades y las garantías necesarias para que cualquier regulación realmente funcione.
Y a la luz del ILIA 2026, esta discusión es cada vez más urgente.
¿Seguiremos priorizando la aprobación de normas o empezaremos a construir las condiciones necesarias para que la inteligencia artificial contribuya realmente al desarrollo tecnológico, económico y social del país?